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11 octubre 2018

Preferencia al contaminante automóvil y pésimo transporte con calificación 3.3
by MercadoInterno - 0





Hay más de medio millón de autos, uno por cada dos habitantes;
La población no podrá resistir un aumento de 40% a tarifas


Juan Manuel Rodríguez (11 oct 18)

La abrupta paralización del servicio del transporte público urbano, adoptada este miércoles como medida extrema de presión de los concesionarios de la Alianza de Transporte Urbano y Suburbano de Ags (ATUSA), contra el gobierno estatal ante la falta de acuerdos en la mesa de negociaciones que sostienen desde hace tiempo, afectó muy sorpresiva y severamente a la población usuaria del mismo, con repercusiones todavía impredecibles multifactoriales al desarrollo económico, social y hasta político de esta sociedad.

El segundo despegue económico registrado en Aguascalientes durante este decenio provocó una expansión en todos los órdenes para la zona metropolitana, especialmente en la mancha urbana y consecuentemente, en la demanda de servicios, empezando por la demanda habitacional para los nuevos ejércitos de trabajadores empleados en la industria manufacturera, además en la demanda de servicios públicos de toda índole.

La multiplicación de fraccionamientos rebasó los límites de los tres círculos concéntricos viales al grado que el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) desde hace tres años advirtió de una expansión urbana desordenada que debía regularse para evitar efectos negativos ulteriores, por la demanda de servicios a zonas cada vez más alejadas del centro metropolitano.

Al terminar 2016, el Centro de nuestro Premio Nobel Mario Molina, en concienzudo estudio de los servicios en la zona metropolitana hidrocálida, reveló que, por ejemplo en electricidad se cubría más del 90%, en agua y drenaje más del 65%, pero en transporte urbano, la calificación fue “bajísima” de 33.55% y con grandes rezagos.

La recomendación generalizada de los expertos, en materia de transporte en las ciudades, se inclinan por un servicio público masivo, rápido, silencioso, anticontaminante, todo que influya contra una excesiva proliferación en el transporte del automóvil particular e individual. En el antiguo DF se sugería que se turnaran tres o cuatro vecinos para transportarse en un solo auto hacia su trabajo o al centro de la ciudad, con ahorro de gastos en combustible y evitando la circulación de tanto auto semi-vacío y contaminante por la urbe.

En Aguascalientes se observa un fenómeno preocupante: con un millón de habitantes la metrópoli cuenta con poco más de 500 mil, o sea, medio millón de autos. Es decir ¡un auto por cada dos habitantes¡

Claro que la obra pública en vialidades, con recursos federales o estatales, se inclina por mejorarlas en favor de “nuestro señor el auto”, lo que facilita los excesos de velocidad que tanto han multiplicado los accidentes de tránsito de conductores que todavía no saben para qué es el reglamento de tránsito, que seguramente ni conocen y que no hay autoridades que sepan aplicar la multa por exceso de velocidad en vías rápidas o en cualquier calle del propio centro histórico. Sólo los “embotellamientos” viales tan contaminantes, cada vez más comunes, frenan esos excesos de velocidad.

La Ley de Movilidad, aprobada por el Congreso local con 22 votos a favor y 3 abstenciones busca, según la exposición de motivos, para lograr un transporte urbano moderno ad hoc a nuestra metrópoli. El Diario Oficial, el último día de abril pasado, exige a concesionarios conformar empresas SITMA -Sistema Integrado de Transporte Multimodal de Aguascalientes- en pro de la modernización de las unidades.

En el fondo la discusión es para el concesionario, aumentar el precio del pasaje para cubrir financiamientos de modernización de unidades, y del gobierno, es modernizarlas ofreciendo opciones de financiamiento a propietarios de unidad, para mejorar el servicio y discutir las tarifas.

Lo que parece inadmisible, es dejar varada a toda la población con un “paro” ilegal exigiendo el 40 % de aumento a la tarifa (de 7.50 a 10.50 pesos), así sea para empezar a regatear, a conciencia de que el pueblo no puede gastar esa cantidad con los míseros salarios que predominan ten la mayoría de la clase trabajadora, quienes tendrían que duplicar ese gasto del 20 al 40% de su ingreso familiar, para transportarse.

En cambio, el SITMA, que se aplicaría a principios del año próximo, aseguraría utilidades a los concesionarios conforme lo fija ese sistema, pero los propietarios de unidades no quieren esperar medio año para lograrlo y, aunque piden perdón a los usuarios por el nocivo “paro”, amenazan conseguir aplicándolos lo que orilla al gobierno a aplicar la ley. Manuel Appendini, de Comunicación Social afirmó que siguen dispuestos al diálogo, pero no se van a cruzar de brazos si existe esa rebeldía de ATUSA, lo cual podría terminar con el retiro de la concesión.

Lo cierto es que el usuario del transporte público urbano, que es el sector más vulnerable y que no puede incluirse en la bonanza que permite tener uno, dos o tres autos por familia, como se observa en las cocheras, sufre la ausencia de un verdadero servicio, fluido y rápido, y el aumento tradicional y periódico de tarifas a los de menores ingresos, pero también impacta a toda la metrópoli, a la productividad de las empresas y a la economía general, lo cual tiene un impacto serio a la política general en los momentos en que prepara un presupuesto federal que tendrá efectos no muy favorables para todo el país.

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