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12 marzo 2018

Degradó la función de la Suprema Corte el ministro Medina Mora: sindicato Minero
by MercadoInterno - 0


Reveló a la prensa sobre un fallo de la Segunda Sala de la Corte, dos
días antes de la sesión en que se debería de dictaminar el fallo

Un delicado tema se está ventilando después de que a principios de marzo el ministro EduardoMedina Mora hizo declaraciones a la prensa, sobre un fallo que debería de tomar la Segunda Sala de la Corte, en el caso del dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia.

Por considerarlo de interés, el boletín informativo sobre el tema difundido por el Sindicato Minero, lo reproducimos íntegro a continuación:


SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS,  METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

--BOLETÍN INFORMATIVO— 
Domingo 11 de marzo de 2018
*El ministro Eduardo Medina Mora adelanta
a la prensa indebidamente su resolución,
antes que ofrecerla a la Segunda Sala de la Corte,
y en ella se pronuncia contra la libertad sindical

El Sindicato Nacional de Mineros, con el objeto de ofrecer a los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, información y jurisprudencias que puedan ser útiles en la resolución del recurso de revisión del amparo directo 6980/2018, emite este texto que fue turnado al Ministro Eduardo Medina Mora. Pero sorpresivamente el señalado Ministro se adelantó al resultado de esa deliberación y dio a conocer a la prensa (Reforma, 6-III-2018), dos días antes de la sesión, información de que los 5 ministros tomarían la decisión el 7 de marzo. La nota periodística se publicó con el siguiente encabezado: “Alista Corte un revés para Napo”.

Esto ocurrió en medio de la campaña sucia de medios al servicio de Germán Larrea, Alberto Bailleres y Alonso Ancira, contra nuestro líder minero Napoleón Gómez Urrutia. Con sólo filtrar la información a un medio de prensa, la Suprema Corte degradó su función. La noticia en la prensa debió ser motivo para que la Corte desmintiera su contenido, ya que el resultado definitivo solo se habría de presentar hasta una sesión posterior de la Segunda Sala.

A los abogados del Sindicato no se les concedió la cita pedida un día antes de la sesión, para exponer los hechos y los derechos de libertad sindical, previstos en la resolución de la Corte. Se les dijo que en la agenda de cada ministro no había ya lugar ni tiempo.

Se nos negó el recurso de revisión, para que las empresas sean consideradas terceras interesadas en el procedimiento de titularidad del contrato colectivo de trabajo, CCT; no como parte idéntica a un sindicato, pues darle facultades como si fuera parte en el juicio, les permite intervenir a las empresas en el conflicto inter-sindical, como “parte igual” a los sindicatos, incluso en el recuento de votos, o sea, en un conflicto de libertad sindical, lo que es contrario al derecho Constitucional e Internacional, ya que la contienda es exclusivamente entre los sindicatos y, por existir disposiciones expresas que prohíben  a las empresas a no involucrarse en asuntos sindicales, por ser éste un derecho exclusivo de los trabajadores de libertad sindical. A lo cual se negó la Segunda Sala.

Existe en leyes nacionales e internacionales esa prohibición a las empresas. Entonces ¿por qué no se limita la participación de la empresa? En este caso se fue la Corte más allá de sólo cumplir con la sola exhibición de los documentos que le requiera la Junta, sin que su participación sea activa en el juicio, incluso en la votación libre y secreta, donde se pierde este carácter si patrón y empleados de confianza, las policías, participan en el cotejo, en sus instalaciones y bajo el control de sus cámaras y sonido. Peor aún, participa con los mismos derechos que los sindicatos, dejando que el patrón tome partido por uno de los sindicatos, el que más favorezca a sus intereses económicos y, por tanto, político. Tales “derechos” se otorgan a la patronal en los artículos 692, 389, 390 y 931 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Pero el Ministro Medina Mora que encabezó como ponente  a los 5 ministros, no vio la inconstitucionalidad de los 4 artículos de la LFT, ni la incovencionalidad que prevé el artículo 1º de la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México, ni siquiera vio la jurisprudencia 150/2008 de la Corte Suprema, que impide a las empresas participar en el ejercicio de la libertad sindical, para que tanto en los juicios de titularidad como en el recuento de los votos obreros, las empresas no participen directa ni indirectamente. Hacerlo es impedir la libertad sindical, un derecho universal y constitucional.

Pero la Segunda Sala del máximo Tribunal, que se debe regir por el derecho nacional e internacional, votó en contra de la libertad sindical y, por tanto, de un derecho esencial. Se negó a ver la inconstitucionalidad de esos 4 artículos de la LFT que permiten a los patrones intervenir en asuntos sindicales que están reservados exclusivamente a los trabajadores. Del mismo modo que las asambleas patronales o de accionistas están reservadas sólo a ellos, excluyendo a los trabajadores. Sí además agregamos autoridades abusivas, acostumbradas al “año de Hidalgo”,se comprende la situación.     

Recordemos que el artículo 931 de la LFT se creó para que el procedimiento de la huelga la huelga y del recuento sindical lo pueda decidir la mayoría en un conflicto obrero-patronal. Muy distinto el conflicto inter-sindical por la titularidad de un CCT, donde las partes son los sindicatos de trabajadores, no el patrón.

Las empresas en los juicios de titularidad solamente pueden plantear objeciones, incidentes, incluso el lugar del recuento, pero más allá de eso, se  contravienen la Constitucionalidad y la legalidad, dado que está prohibido expresamente que las empresas se entrometan en las decisiones de los trabajadores, ya que esta es voluntad exclusiva de ellos, por ser un derecho de libertad sindical; como la gran propiedad privada lo es patronal.

El protocolo de San Salvador en el artículo 8 establece que el derecho sindical es exclusivo de los trabajadores, y eso significa que las empresas y el Estado no intervengan en los conflictos de naturaleza inter-sindical. También se señala en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en sus artículos 1, 2, 3, 4 y 8, los cuales establecen que las empresas no pueden tener injerencia en asuntos sindicales, menos en los procedimientos de titularidad.
  
El Ministro Luis María Aguilar Morales al resolver la contradicción de tesis 461/2011, se apoya en el Convenio 98 de la OIT, partiendo del principio universal que tienen los trabajadores sindicalizados, contra los actos de discriminatorios del patrón, pues son inherentes a vulnerar la libertad sindical:

“El Convenio número 98 de la OIT, establece como principio universal que los trabajadores deben gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo, protección que deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato; despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical.”

Dicha discriminación laboral y sindical también la prohíbe el artículo 1º de la Constitución, relativo a los derechos humanos, incluidos los laborales.

El artículo 692 de la LFT, establece los principios del procedimiento en cualquier juicio laboral: la igualdad de las partes ante la ley, para comparecer e intervenir del inicio al final, siempre con equidad, donde cada parte haga valer y defienda sus intereses y derechos. Es un principio universal, salvo cuando no sean los mismos intereses y derechos los que están en el juicio, como es el de titularidad del CCT, donde los intereses y derechos sean de iguales entre los sindicatos en disputa, que son ajenos y contrarios a las empresas.

Los artículos 389 y 390 deben ser solo aplicables a los trabajadores y sus sindicatos, por ser exclusivos de ellos, en los que no hay cabida para la o las empresas. De lo contrario, la libertad sindical no tendría razón de ser ni la libre asociación, está prohibida la intervención patronal en los sindicatos. Del mismo modo en que se prohíbe a los trabajadores intervenir en asuntos internos de las empresas.

El artículo 931 es la única referencia de la LFT al procedimiento de recuento sindical. En su origen ese artículo fue creado para los recuentos en las huelgas, para acreditar la mayoría a favor o en contra de la huelga, con la participación de las partes, porque la huelga si es un típico conflicto obrero-patronal, pero esto no es aplicable en un conflicto inter-sindical, con intereses y derechos diferentes al otro caso. Nótese que en ambos el voto del trabajador debe ser secreto y personal, para que sea libre. Se trata de casos distintos, pero estas diferencias no fueron advertidas por los ministros. Al contrario, en la ponencia del Ministro Medina Mora, advierte nítidamente que no hubo intervención de la empresa, sino que se reservó para sólo después pactar el CCT con el ganador y otorgarle las cuotas. Imagina una empresa que con facultad de intervenir en los sindicatos y en la balanza de sus intereses, no lo hace. Los hechos y la supremacía de la realidad no cuentan para el Ministro.

Por eso surgió la Jurisprudencia 150/ 2008 de la Suprema Corte, porque eran  insuficientes la LFT y los artículos citados. Tal Jurisprudencia reconoce que el rango de la libertad sindical es Constitucional y Convencional o universal, al igualar ésta con las libertades ciudadanas de expresión y de organización. Sin embargo, la jurisprudencia restringe la intervención de las empresas pero no la impide, sino que lo hace a lo largo de todo procedimiento del juicio.

De esta suerte, resulta de gran daño social esta  resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte.

Dos antecedentes graves de la actuación del actual Ministro Eduardo Medina Mora, como Secretario de la Seguridad Pública Federal  en 2006 y como Procurador General de la República en 2007. En el primer caso, al frente de la Seguridad Pública, al mando de la Policía Federal Preventiva (PFP), llevó a cabo el desalojo violento de más de tres mil mineros de Lázaro Cárdenas, sin orden judicial y con armas largas, y meter a la cárcel al Comité de la Sección para coronar el charrazo de Fox contra el Sindicato Minero el 20 de abril de 2006, en el cual murieron dos obreros e hirieron con armas militares a 51 trabajadores. Tal golpe tuvo su antecedente el 17 de febrero de 2016, cuando Fox ordenó retirar la toma de nota de Napoleón Gómez Urrutia, para entregarla a un empleado de Germán Feliciano Larrea. Ambos intentos de charrazo fracasaron, lo cual está documentado en la Recomendación 37/2006 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Las Recomendaciones 26/2006 y la 64/2008 documentan la tragedia de Pasta de Conchos, en cuya explosión murieron 65 mineros y quedaron sin sepultar 63, debido al homicidio industrial cometido el 19 de febrero de 2006 por Grupo México de Germán Larrea al negarse a corregir las fallas de seguridad en la mina, a la vez que se negó desde el principio a recatar los cuerpos aún con vida de los mineros atrapados, pues ya muertos, podían aparecer evidencias de los errores y del crimen de los mineros, cuando se negó su rescate. Pero en 2007 el encargado de la PGR, Medina Mora, negó de nueva cuenta el rescate de los muertos, siendo un derecho humano universal, como lo señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de negarse a cumplir el titular de la PGR la Recomendación 64/ 2008 de la CNDH.

Así que no se trata de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia imparcial en sus juicios en torno al sector minero trabajador, sino de un actor parcializado en contra de los trabajadores independientes agrupados en el Sindicato Nacional de Mineros que dirige Napoleón Gómez Urrutia. Esta última resolución de la Segunda Sala de la SCJN está plagada de esa misma animadversión que el ministro Medina Mora manifiesta desde 2006.



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