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19 febrero 2018

Trascendente la designación del Fiscal General Estatal por la LXIII Legislatura
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Preocupó su autonomía frente a los tres poderes del Estado,
pero también de los poderes fácticos y de la partidocracia


Juan Manuel Rodríguez (19-02-18)

Dentro de las altas responsabilidades que recaen en el Congreso del Estado, hoy lunes 19 de febrero, el Pleno de la LXIII Legislatura deberá elegir entre tres aspirantes –en su orden de comparecencia, Jesús Figueroa Ortega, Víctor Hugo Mercader Jurado y Raúl Fernando Romo López--, quién ocupará la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

No debe extrañar que el pasado viernes, en las comparecencias que los integrantes de la terna de finalistas sostuvieron ante la Comisión de Justicia y 11 diputados presentes, los temas se hayan concentrado, entre muchos y diversos puntos abordados, en el de la autonomía que dicha Fiscalía debe hacer respetar; la necesidad de favorecer la cultura de la denuncia cuya ausencia incrementa las cifras negras de la comisión de delitos; la investigación sin tortura, sus proyectos para consolidar la procuración de la justicia y muchos más que presentaron los aspirantes en sus propuestas de plan de trabajo.

Quizá el de mayor importancia fue el tema de hacer respetar la independencia del Fiscal de cualquier intromisión, ya de los poderes, particularmente del Ejecutivo, de quien tradicionalmente han dependido las prácticamente desaparecidas Procuradurías Generales, tanto estatales como la de la República. Pero también de otros poderes, como la partidocracia, los poderes fácticos incluido el poder económico o el sector privado.

Sólo observemos el panorama de los organismos “autónomos” que la partidocracia ha prácticamente nulificado su independencia, al fijar cuotas de cada partido para integrar esos cuerpos colegiados, lo cual significa un real control externo y desaparecen en la práctica la autonomía de dichos organismos.

Precisamente el fin de semana, al rendir su informe ante el Senado, el Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente del INAI, habló del creciente interés de la sociedad en saber sobre la cuestión pública, inherente al Estado y sus Instituciones, pues la demanda de información transparente creció 20% más que el ejercicio anterior y, en el actual, “tan solo a nivel federal alcanzamos 244 mil solicitudes en el periodo que se reporta”, además que los temas de “justicia, salud, educación y medio ambiente continúan a la cabeza como los más recurrentes en las solicitudes de acceso a la información”. No lo mencionó, pero acaba de pedir la INAI a la PGR que debe proporcionar cifras por investigaciones sobre torturas.

Autonomía del Fiscal e injerencias ajenas

Sin duda alguna, con justificada razón el diputado Sergio Reynoso Talamantes (PRI) cuestionó cuando menos a dos de los aspirantes, a Jesús Figueroa Ortega y a Raúl Fernando Romo López sobre la autonomía que van a tener, como les recordó, “respecto del Ejecutivo, Judicial y Legislativo, esto en respuesta al reclamo y exigencia de la ciudadanía”, según lo explicó.

Y tuvo toda la razón, porque recordamos nosotros el caso de marzo de 2015, cuando el entonces Procurador estatal Felipe de Jesús Muñoz pasó a la SEIDO del DF y lo sustituyó como Encargado del despacho el Subprocurador Oscar Fidel González Mendívil que, según el reglamento podría suplirlo temporalmente por 30 días. Sin embargo, con base en sus atribuciones constitucionales el Ejecutivo publicó en el Periodico Oficial (edición vespertina del 13 de abril) una reforma al reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría, eliminando los 30 días como límite del reemplazo, con lo que el Encargado del despacho podría permanecer por tiempo indefinido en el cargo, incluso hasta terminar el sexenio. Con esta medida, el Ejecutivo burló la ley que establece que el Poder Legislativo debía ratificar en su posición a quien ocupara la Procuraduría.

Volviendo a las comparecencias del viernes, Jesús Figueroa Ortega en respuesta al diputado Reynoso Talamantes, indicó que la autonomía, en su actuación como Fiscal General se aplicará “no atendiendo a intereses partidistas, sino en atención y respuesta a la ciudadanía”. Además de ofrecer que fortalecería la cultura de la denuncia, la coordinación con otras instancias de seguridad pública, aseguró que no le temblaría la mano para aplicar la ley y brindaría total protección a la víctima del delito.

Raúl Fernando Romo López, respecto a la autonomía frente a los otros tres poderes del estado, respondió que “en caso de ser elegido como Fiscal del estado no tendrá color partidista; su trabajo será basado conforme a los derechos y procedimientos legales e imparciales, sin impunidad ni corrupción; realizará talleres para sensibilizar a los encargados de la justicia y mecanismos para recuperar la confianza a la ciudadanía, mediante la reestructuración necesaria de la Fiscalía”. Además ofreció realizar de inmediato una reunión con todas las corporaciones policiales para trazar una política integral y todos coordinados en la lucha contra la inseguridad.

Víctor Hugo Mercader consideró contundente que se trabajará contra la tortura como medio de interrogación o de investigación y cualquier interrogatorio se realizará frente a una cámara que registrará todo, porque su idea central es que la Fiscalía General debe contar con un área de inteligencia que cuente con personal capacitado en informática y sistema digitales para vigilar y perseguir a quienes delinquen como el robo de ganado. La Fiscalía General debe contar con un área de inteligencia que cuente con personal capacitado en informática y sistema digitales para vigilar y perseguir a quienes delinquen con el robo de ganado.

Mencionemos ahora que existen también menciones concretas sobre la actuación de esta administración estatal en casos difíciles como el registrado a mediados del año pasado cuando hubo serias denuncias (allanamiento de morada y lesiones, según se dijo) contra policías ministeriales y el Fiscal General René Urrutia de la Vega planteó la necesidad de actuar con firmeza contra cualquier abuso de las autoridades. La decisión tomada concluyó con la separación del Comisario o Director junto con una veintena de agentes ministeriales que, ya jubilados o retirados abandonaron junto con 6 ministerios públicos y una docena de personal administrativo.

Las nuevas leyes obligan a tomar decisiones adecuadas a su letra y a su espíritu para que Aguascalientes mantenga su clima de seguridad que le caracteriza, eliminando o cuando menos disminuyendo la proliferación de delitos menores y frenando fuertemente los de mayor peligrosidad cuyo efecto produce éxodo de inversiones como sucede en estados vecinos, de ahí que la decisión que hoy adopten nuestros representantes tendrá repercusiones, para bien o para mal, de toda la sociedad hidrocálida que está pendiente de lo que se decida en el Pleno de la LXIII Legislatura.

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