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08 diciembre 2017

Avalan diputados revocación de mandato y trascendente participación ciudadana
by MercadoInterno - 0



El actual sistema aleja a la sociedad de la clase política: ISN
Iniciativa ciudadana, Plebiscito, Referéndum, Cabildo
abierto, Presupuesto participativo en bloque de 17 iniciativas

En la sesión ordinaria de este jueves realizada en el Congreso local, el Pleno de la LXIII Legislatura dio un trascendental paso adelante al aprobar, por unanimidad, el dictamen que formuló la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se resuelven 17 iniciativas acumuladas, entre ellas, la que inserta diversos instrumentos de participación ciudadana, encaminados a la vigilancia y evaluación del quehacer político de los funcionarios públicos.

La trascendencia de esta determinación legislativa, estriba en que esto implica la modificación a diversos artículos de la Constitución Política Local, que plantearon los diputados Iván Sánchez Nájera, perredista, y Alejandro Mendoza Villalobos, donde se reconocen diversos mecanismos de participación ciudadana, orientados hacia la vigilancia del quehacer político de los funcionarios, además de su desempeño cuya evaluación será por parte de los ciudadanos, incluyendo especificándose en el rango constitucional, las figuras de control y evaluación ciudadana como el Plebiscito, el Referéndum, la Iniciativa Ciudadana, la Revocación de Mandato, Presupuesto Participativo y Cabildo Abierto.

El legislador priista Sergio Reynoso Talamantes, incluyó otra de las iniciativas planteadas dentro del dictamen y es la referente la cual busca consolidar al Poder Legislativo bajo el modelo de parlamento abierto, así como reconocer los principios que rigen a éste y de esta manera garantizar una mayor representatividad y fomentar la participación ciudadana, bajo los siguientes principios:

Derecho a la Información, Participación Ciudadana, Rendición de cuentas, Información Parlamentaria, Información Presupuestal y Administrativa, Información sobre Legisladores y Servidores Públicos, Información Histórica, Datos Abiertos y no propietarios, Accesibilidad y difusión, Conflictos de intereses.

La “tiranía de las mayorías”, aisla al
ciudadano en la toma de decisiones

El legislador Alejandro Mendoza Villalobos, manifestó su interés en la consolidación y fortalecimiento de un modelo de democracia constitucional, así como garantizar el bien común y una convivencia justa entre gobierno y sociedad. Agregó, que hoy en día es fundamental la protección de los derechos humanos en materia de participación ciudadana y fundamental adecuación del marco normativo del estado de Aguascalientes; con el propósito de que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones de gobernación en beneficio de la ciudadanía.

El diputado y filósofo, el perredista Iván Sánchez Nájera, acudió al clásico Alexis de Tocqueville cuando éste se refería a la “omnipotencia de las mayorías que generan inestabilidad legislativa, pues intervino para señalar  que la “tiranía de las mayorías” dilapida la participación ciudadana, al asegurar que el actual sistema democrático aleja a la sociedad de la clase política, porque hay ausencia de mecanismos que los incluya en la toma de decisiones.

Sánchez Nájera resaltó que esta reforma es trascendental, pues contempla la participación y el mecanismo para escuchar las exigencias de los ciudadanos para que “si un gobernante no está haciendo bien su trabajo podrá ser removido, aunque haya quienes dicen que la revocación de mandato es un esquema caro, como si no fuera más caro mantener a un gobernante ineficiente”.
Otro punto avalado por unanimidad el dictamen de la Comisión de Equidad de Género relativo a la iniciativa de reforma a la Fracción VIII del artículo 26 de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, presentada por el diputado Salvador Pérez Sánchez, (PAN-PES), que adecua el marco local con el federal para que se establezca el derecho y la prestación de paternidad biológica o por adopción, contemplando 5 días de permiso laboral con goce de sueldo.


Fue aprobado el dictamen que emitió la Comisión de Desarrollo Social mediante el cual rechazaron las observaciones de la anterior administración estatal contenidas en el Decreto 214 y que vetaba la reforma a la reforma a la Ley Estatal de Desarrollo Social que contempla la construcción del Padrón Único de Beneficiarios.
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