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20 noviembre 2017

Primer año: cuestiona Congreso destino de impuestos y cobro de placa vehicular
by MercadoInterno - 0





Las Participaciones son ingresos propios estatales, pero 
serán vigiladas por la Auditoria Superior de la Federación

Juan Manuel Rodríguez   (20-XI-17)
En diez días la actual administración estatal en ejercicio cumple un año, tiempo suficiente para que se vayan acomodando las calabazas en el carromato y nos encontramos con que algunos funcionarios del gabinete original a pocos días de cumplir los doce meses en el cargo, desaparecieron del directorio oficial y el Congreso, de mayoría mixta proclive al Ejecutivo, adoptó su posición de contrapeso y con insistencia cuestionó el Paquete Económico 2018, particularmente el destino de los impuestos y el cobro de placas vehiculares que viene a pegar al bolsillo de los propietarios de “carcachas”, que son los más.

Las inquietudes de los legisladores respecto al proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, planteadas al secretario estatal de Finanzas en su comparecencia en el pleno de la LXIII Legislatura, se centraron en cuestionamientos sobre los ingresos tributarios en particular en el “poco claro” Impuesto Sobre Nómina; la política de endeudamiento para la actual administración y abiertas críticas sobre un proyecto de presupuesto que disminuye recurso a dependencias como Medio Ambiente o se minimiza el de Ciencia y Tecnología que maneja menos que la Feria de San Marcos, los excesivos salarios de altos funcionarios y, en general el acento por los los volúmenes de gasto de personal dentro del Gasto Corriente.

Sobre la firme actitud de los representantes populares, habrá que recordar que no es lo mismo interpelar a un Secretario del Gobierno y en plena exposición cortarle abruptamente el uso de la palabra, hasta en tres ocasiones, que ejercer su soberanía y cumplir lo que, en democracia, equilibra los Poderes, donde el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone. O cuando menos discutir amplia y abiertamente los resultados de las cuentas públicas que tradicionalmente la Comisión de Vigilancia –con su Órgano Superior de Fiscalización-- cuida tan celosamente, y hasta con opacidad, sus resultados.

Digno de mencionar es el caso del limitado tiempo para un tema tan importante (hora y media para la exposición del funcionario, preguntas en tres rondas de las fracciones parlamentarias, respuestas, réplicas, etc) cuando, con airadas protestas de los diputados por interrumpir en varias ocasiones la exposición del secretario de Finanzas, lo cual calificaron de falta de respeto, y no permitirle terminar sus respuestas; el presidente de la mesa directiva se limitó a justificar que sólo se estaba ajustando a la metodología de este ejercicio de consulta aprobada por el Pleno. Atento, el funcionario ofreció responder cualquier pregunta por escrito e, incluso, recibir a los legisladores cuantas veces lo requirieran en consultas. 

Alud de preguntas reporteriles causó el cambio del titular de Fiscalización y Rendición de Cuentas que días antes (en un salón de la Sría de Finanzas) había sido objeto de merecido elogio, electo por convocatoria pública y sin nexo partidista alguno, pero fue sustituído por quien, sin cumplir los anteriores requisitos, lo sustituyó en el cargo. La respuesta a la prensa fue que se le cumplió “su deseo” y que ahora existen otras condiciones de la Ley AntiCorrupción y sí fue consultado el Comité Ciudadano AntiCorupción. Y, según explicación oficial, se siguen nombrando ciudadanos en cargos públicos, línea de este gobierno, y ahí está el Instituto de Mujeres, el ISSEA y el Hospital Hidalgo.

En efecto, hay una nueva etapa anticorrupción (a medias aún) y, dadas las condiciones de corrupción demostradas por varios exgobernadores, ahora la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que veía las Participaciones federales a Estados por ser parte de la Coordinación Fiscal; ahora,  sin caer en un centralismo, esas Participaciones Federales, siendo parte de los “ingresos propios” de cada entidad federativa, seguirán siendo definidas por el Congreso local, pero ahora serán vigiladas no como simple auditoría, sino más allá para la comprensión de las políticas públicas y sobre todo del Presupuesto.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) es muy clara respecto a la función de la participación ciudadana que debe enfocarse para que “conozca con precisión que hacen sus autoridades, y participe de manera activa en los asuntos públicos, y consolidar su actuaciones en el marco de la legalidad y de una sólida ética pública”.

Un informe de la SFP, resume en cifras el efecto de su función fiscalizadora y señala que en el último año de octubre de 2016 a octubre de 2017, fueron sancionaron, “en 2 mil 624 asuntos, conductas irregulares de servidores públicos; de las que 160 han sido multas, 676 inhabilitaciones, 742 suspensiones, 102 destituciones y 914 amonestaciones públicas o privadas. Adicionalmente, las recuperaciones ascienden a 1,399.5 millones de pesos, de 2016 al 30 de junio de 2017”.

Conoceremos a conocer el resultado de la discusión y análisis legislativos sobre los Ingresos, Egresos, reasignaciones de gastos, de dónde y para dónde, de fideicomisos y, en general, el acotado Presupuesto 2018 que con dificultad busca cubrir la inflación sufrida en 2017 y la que se espera el próximo año, el perdido poder adquisitivo del dinero, producto de la inflación del ”gasolinazo” y de las pasadas diez elevaciones de tasas de interés.


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